Debido al escenario que visualiza la humanidad ante el evidente y progresivo deterioro ambiental y atendiendo a la realidad de que este deterioro incide directamente en la calidad de vida del ser humano, en diversos países del mundo, se ha propuesto la inclusión del tema ambiental en los sistemas educativos, denominándolo “educación ambiental”.
La educación ambiental, tiene como objetivo principal crear una conciencia crítica y participativa sobre la imperante necesidad de proteger y preservar nuestro ambiente, así como para intentar de frenar y reparar el detrimento que éste ha sufrido a lo largo de los años por la intervención desmedida de la raza humana sobre la naturaleza.
El tema de la educación ambiental, surge a nivel internacional en el año 1972 con la Declaración de Estocolmo; la cual expresa en su principio 19 lo siguiente: “Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos y que preste la debida atención al sector de población menos privilegiado, para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades inspiradas en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión humana…”
En el caso de Venezuela, la historia de la educación ambiental se ha venido dando de una manera lenta; tratando de enfocar cada vez más la importancia de preservar y mantener una ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado como parte de un derecho humano.
En este sentido, legalmente tiene sus inicios en 1976, donde la Ley Orgánica del Ambiente vigente para la fecha refiere en su artículo 3 numeral 6 que para lograr la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente debe existir una orientación en los procesos educativos y culturales a fin de fomentar una conciencia ambiental.
Posteriormente en el año 1977 se crea la Fundación de Educación Ambiental adscrita al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (MARNR), hoy día Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y concretándose aun más en el año 1980 con la incorporación del tema en los programas escolares; pero no es sino en 1999 cuando adquiere rango constitucional mediante el artículo 107 de nuestra carta magna, que ha implicado su obligatoriedad en todo el sistema educativo nacional, al igual que lo expresa el numeral 1 del artículo 35 de la Ley Orgánica del Ambiente vigente.
Sin embargo, cabe destacar que durante muchos años, ha prevalecido una disposición del ser humano a desligarse de la naturaleza, ignorando por completo las leyes de ésta, coexistiendo en su entorno con el grave error de suponer que los avances científicos y tecnológicos demuestran el vínculo existente entre hombre-naturaleza, lo que ha repercutido en la vulneración de derechos humanos que agravan y disminuyen la calidad de vida comprometiendo así el futuro de la humanidad.
El derecho a disfrutar de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado, nos atribuye el compromiso de demandar las mejores condiciones para el desarrollo de la vida no sólo humana, sino para toda la biodiversidad del planeta; por lo tanto, es preciso vincular la educación ambiental a los aconteceres cotidianos, así como proponer y promover diversas acciones que conlleven a una interpretación ambiental que permita sensibilizar, visualizar y valorar desde una perspectiva de derechos humanos, nuestra relación con el ambiente.
A tal fin, la educación ambiental en sus dimensiones formal, no formal e informal debe contribuir a una toma de conciencia más realista de nuestra condición en el planeta; es necesario que desde todos los ámbitos se aborden opciones para generar diferentes soluciones a la problemática ambiental; planteando un nuevo concepto de las relaciones del ser humano con el ambiente y donde se visualice a la naturaleza no como fuente inagotable de recursos a nuestro servicio, sino como un ecosistema frágil que tiene sus propias exigencias y del cual somos parte.
Han de crearse modelos de desarrollo sustentable para que todas aquellas acciones que ejecute cada ciudadano o ciudadana repercutan de manera positiva, generando así una interpretación de un mundo menos individualista y dando más importancia a los derechos ambientales colectivos y difusos, a los efectos de contribuir a la transformación de aquellas políticas desacertadas, basadas solo en intereses económicos y políticos de unos pocos.
Kindy
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